Casi medio centenar de sanciones a talleres mecánicos en Córdoba en 2018

Taller de la Avenida de Cádiz, 80

La Junta de Andalucía ha impuesto 47 expedientes sancionadores por una cuantía económica superior a los 100.000 euros a talleres cordobeses, algunos de ellos ilegales. En el caso de los ilegales, la Junta ya ha emprendido las acciones legales pertinentes para su cierre.

Se trata de una operación de la que la Junta ha informado en un comunicado emitido a los medios.

Según ha explicado el delegado de Conocimiento y Empleo de Cordoba, Manuel Carmona, hasta la fecha se han inspeccionado 38 talleres y en la actualidad se están tramitando casi medio centenar de expedientes sancionadores. La idea, en palabras de Carmona, es “luchar contra esta competencia desleal contribuyendo también a erradicar la economía sumergida de este ámbito”.

En su lucha contra el intrusismo han contado con la colaboración de la Asociación Provincial de Talleres y Automoción de Córdoba (Atradeco), quien lleva, desde hace años, echando una mano a la Junta al emitir denuncias escritas sobre los talleres que considera que podrían ser ilegales tras revisiones visuales propias posteriores a la recepción de denuncias de sus asociados de diferentes poblaciones.

Con el fin de publicitar esa colaboración, el jefe de servicio de Industria, Energía y Minas, Manuel Ángel López, y el delegado de Conocimiento y Empleo de Cordoba, Manuel Carmona, se han reunido recientemente con el gerente de Atradeco, José Manuel Rodriguez-Carretero, para tratar cuestiones como la competencia desleal o las acciones llevadas a cabo por la delegación durante 2018 (al final de esta noticia se muestra una fotografía tomada durante su reunión).

Cabe destacar que el comunicado emitido por la Junta informando de esta operación resulta de lo más confuso, ya que el informe relativo a las sanciones impuestas (es decir, qué sanciones y a quién) no es público -ni siquiera se lo han facilitado a la patronal de talleres Atradeco- y en la comunicación (de la que muchos medios se han hecho eco sin más…) no se distingue entre talleres mecánicos y talleres ilegales, al igual que las declaraciones del delegado de Conocimiento y Empleo de Cordoba, que hablan de economía sumergida y hacen referencia a los expedientes sancionadores impuestos a talleres mecánicos y talleres ilegales, indistintamente. Una situación que en la redacción de La Comunidad del Taller consideramos de lo más ‘peligrosa’, ya que no se distingue entre los clandestinos y los que no lo son, pudiendo de este modo confundir a la opinión pública, con el perjuicio que esto genera sobre nuestro sector.

Para clarificar la situación, el equipo de lacomunidadeltaller.es se ha puesto en contacto con el gerente de la Asociación Provincial de Talleres y Automoción de Córdoba, José Manuel Rodríguez-Carretero, quien ha aclarado telefónicamente que la Junta de Andalucía, a través del Servicio de Industria, lleva a cabo inspecciones periódicas anuales en los talleres cordobeses y, paralelamente, Atradeco emite denuncias a la junta por escrito sobre posibles talleres ilegales con el fin de que sean incluidos en sus planes de inspección, como el del último caso cerrado por la Junta en 2018, un taller ilegal dedicado a la chapa y pintura de vehículos a motor que se ubicaba en la Avenida de Cádiz, 80, que detectaron hace cinco años.

En cuanto a esas revisiones periódicas, Carmona ha explicado que “son parte imprescindible del mecanismo que garantiza la seguridad del parque automovilístico en Andalucía” y también que todos los talleres “deben cumplir con todos los requisitos legales que se les exige para que ofrezcan todas las garantías en los ámbitos medioambiental, del consumidor, la seguridad vial y los derechos de los trabajadores”.

Volviendo al mencionado caso de la Avenida de Cádiz, 80, cabe destacar que se ha resuelto tras varios años de denuncias y expedientes sancionadores por el incumplimiento de la normativa sobre seguridad industrial. Concretamente, según fuentes de la Junta, este establecimiento ilegal había incumplido, de manera sistemática, todos los requisitos administrativos pertinentes para el desempeño de su actividad desde 2013. El último expediente sancionador se le abrió en febrero de 2018 y conllevó una multa de 60.000 euros para el taller. Finalmente, “ante la falta de respeto absoluto hacia la legalidad y el estricto cumplimiento de la normativa vigente”, el taller ha sido cerrado y precintado por la autoridad competente.

Por último, José Manuel Rodríguez-Carretero ha explicado a lacomunidadeltaller.es que este año el número de denuncias emitidas por su parte ha sido menor que en años anteriores, habiendo emitido “seis o siete”, frente a cincuenta en otros casos.

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