El Defensor, en pro de no descontar la prórroga en el permiso de la ITV

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, insta a la Secretaria General de Industria que el plazo de validez de las ITV se contabilice a partir de la realización de la inspección, sin descontar el periodo de prórroga por la crisis del coronavirus.

Tras la decisión del Supremo de admitir a trámite el recurso interpuesto por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) contra la orden de Sanidad que redujo los plazos para pasar la ITV a más de cinco millones de conductores, ahora el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha solicitado a la Secretaria General de Industria que el plazo de validez de las ITV se contabilice a partir de la realización de la inspección, sin descontar el periodo de prórroga por la crisis del coronavirus.

Y es que, durante el estado de alarma, explica el Defensor, se cerraron las estaciones y la Administración estableció una prórroga para la validez de los certificados. Al restablecerse de nuevo el servicio, determinó que al plazo de validez de las inspecciones se le descontaría el periodo de prórroga…

“La institución ha recibido quejas de asociaciones y particulares en las que ponen de manifiesto su disconformidad con estas condiciones, ya que con ellas muchos vehículos tienen que realizar dos inspecciones de seguridad en un corto periodo de tiempo con los costes y cargas que supone para sus propietarios”, señala el Defensor del Pueblo.

Por su parte, la Secretaria General de Industria asegura que no imponen cargas adicionales a los interesados ya que se trata de una inspección que debió llevarse a cabo, pero quedó suspendida, sin eliminar la obligación de su ejecución.

Ante la afirmación de Industria, Fernández Marugán considera que descontar el periodo de prórroga está “acortando de manera artificial la duración de las ITV”. Asimismo, recuerda que el objetivo de las inspecciones técnicas es garantizar que los vehículos estén en buenas condiciones de uso desde el punto de vista de seguridad y medio ambiente. En su opinión, la respuesta de la Administración no tiene razones imperiosas de interés general que justifiquen el recorte de la vida legal de las ITV.

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