El motor de combustión no morirá en 2035

Los ministros de medio ambiente de la Unión Europea han dado luz verde a la prohibición de la venta de coches de gasolina y diésel  a partir de 2035. Sin embargo, la medida tiene una ‘letra pequeña’ que ha abierto la posibilidad de seguir vendiendo vehículos de combustión interna, siempre y cuando estos utilicen nuevos combustibles sintéticos y sin emisiones de CO2.

La presión de un grupo de países, liderado por Alemania e Italia, ha conseguido que la Comisión Europea mantenga abierta la puerta de la neutralidad tecnológica, en la que han insistido no sólo fabricantes de automóviles, sino asociaciones del sector de la automoción y fabricantes y distribuidores de la posventa.

Al respecto el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, declaró en rueda de prensa que a pesar de que ahora los combustibles sintéticos de cero emisiones “no parecen muy realistas porque parecen prohibitivos en términos de costes”, mantienen la “mente abierta”.  Algunos fabricantes han afirmado que la tecnología híbrida podría llegar a encajar en los requisitos impuestos por la Comisión, de cara a la venta de vehículos en 2035, sin embargo, como señaló el propio Timmermans “Por ahora no lo hacen, pero si lo llegaran a hacer, lo reevaluaremos en 2026”.

La opción de los combustibles sintéticos permitiría reducir los costes de fabricación, al permitir seguir utilizando los motores de combustión actuales, pero con el nuevo carburante no procedente del petróleo. 

España frente al veto

Ha sido la presión ejercida por Alemania, primer fabricante y mayor mercado automovilístico de la UE, la responsable de este importante logro en la Comisión. Sin embargo, llama la atención que siendo el segundo país fabricante de Europa –y el octavo a nivel mundial-, España se haya alejado de la propuesta alemana y haya optado por el veto total a la venta de coches y furgonetas de combustión a partir de 2035.

De nada han valido las advertencias hechas al gobierno español por parte de asociaciones del sector -entre ellas Ancera, Sernauto y Faconauto- en donde ponían de manifiesto el impacto social y económico que la medida tendría en la población más vulnerable y con rentas más bajas, así como la forma en que afectaría a la ciudadanía de las zonas más despobladas y menos comunicadas.

Recordemos que el sector de la automoción en España representa el 10% del PIB y el 18% del total de las exportaciones de nuestro país.

Voces a favor y en contra

• Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (Acea). Ha instado a los responsables políticos a igualar las ambiciones que acaban de establecer para la industria del automóvil a la hora de fijar los objetivos de infraestructura para cada Estado miembro. Por otra parte, ha insistido en las implicaciones, no sólo para la industria del automóvil, sino también para la economía de la Unión Europea.
• Asociación Europea de Proveedores Automovilísticos (Clepa). Su secretaria general, Sigrid de Vries, recordó que llevan mucho tiempo defendiendo el enfoque de la neutralidad tecnológica. La asociación celebra la decisión, pues entienden que el futuro de la movilidad pasa por “una combinación tecnológica inteligente y sensata de vehículos eléctricos y un uso medido de soluciones alternativas con tecnología avanzada de motores de combustión interna”.
• Organización ecologista Transport & Environment (T&E). Han calificado la propuesta como una “distracción” y han  instado a no perder más tiempo con los combustibles sintéticos. En declaraciones hechas por Carlos Rico, experto en electrificación de coches de T&E, el foco debe estar en  “el despliegue de la recarga, en la recualificación de los trabajadores para la transición eléctrica y en el abastecimiento responsable de materias primas para las baterías”.