Femeval exige a la Administración luchar de manera más eficaz contra los ilegales

El de los talleres ilegales es un problema grave que viene sufriendo el sector durante muchos años, acentuándose de manera muy grave durante los últimos años.

Solo en la Comunidad Valenciana, según datos de Femeval, el intrusismo laboral en los negocios del sector del metal (entre ellos los talleres) llega al 40%. Cuatro de cada diez talleres por tanto son ilegales en la comunidad.

Afirman que llevan muchos años tratando de luchar contra los clandestinos sin demasiada respuesta por parte de las Administraciones competentes, de quienes denuncian su falta de efectividad a pesar de que estos negocios clandestinos supongan un claro riesgo para la seguridad vial.

Según afirmaron, en España dos de cada diez talleres son ilegales, sin embargo el problema para Femeval está en que “aunque se descubren, no es delito y sólo supone una sanción administrativa y no se cierran”. De este modo es ciertamente complicado acabar con el problema.

Medidas concretas
Así, la federación ha diseñado un documento en el que ponen de manifiesto algunas propuestas con las que se podría luchar contra el problema. Entre ellas, potenciar las inspecciones, realizar seguimientos y sancionar a los clandestinos. Además, “dado que la Administración no tiene capacidad”, consideran importante plantear fórmulas de colaboración con la propia ciudadanía, impulsando entre otras cosas un buzón de denuncia anónima.

Quieren que se prepare un ‘Plan de Inspecciones’ que garantice que las empresas que hayan presentado una declaración responsable recibirán una visita de comprobación en un plazo máximo de treinta días.

Pretenden además que se lleve a cabo unos protocolos de actuación para la presentación, análisis y seguimiento de las denuncias a talleres ilegales, teniendo como objetivo conseguir un compromiso firme de las Administraciones públicas en este sentido. Así, quieren que se trabaje en crear conciencia ciudadana respecto a estas actividades clandestinas, apelando a la responsabilidad de proveedores cuando suministren material a negocios no habilitados y al propio consumidor final, que al fin y al cabo es otro de los grandes perjudicados.