El Gobierno prorrogará los ERTE hasta septiembre

El pasado sábado 27 de junio el Ejecutivo publicaba en el BOE un real decreto-ley por el que se prorrogan hasta el próximo 30 de septiembre los ERTE vinculados a la crisis del coronavirus. Asimismo, también se prolonga la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto afectada por la crisis.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha prorrogado hasta el próximo 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo asociados al coronavirus y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto afectada por la crisis, según el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, publicado en el BOE el pasado sábado 27 de junio.

Desde principios de junio la cuestión no ha sido si se prolongan o no, sino hasta cuándo: se barajaba prorrogar los ERTE hasta final de año o hasta el 30 de septiembre. Al final ha sido esta última por la que se ha optado para poder dar un respiro a aquellos sectores que lo necesiten, como es el caso de los talleres de reparación.

ERTEs

Al respecto de los ERTE, en el real decreto-ley se establecen dos medidas: el mantenimiento de los de fuerza mayor total para las empresas que todavía no han vuelto a la actividad y la posibilidad de que las empresas que se vean obligadas a cerrar de nuevo a causa de un posible rebrote del coronavirus puedan acogerse a estos procedimientos.

En este sentido, a los ERTE de fuerza mayor total actualmente vigentes se les aplicará, según informa Europa Press, una exención en las cotizaciones empresariales del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre en el caso de empresas con menos de 50 trabajadores. Mientras que, para las empresas con más de 50 empleados, la exoneración de cuotas será del 50% en julio, del 40% en agosto y del 25% en septiembre. Porcentajes todos ellos menores, dicen, que los establecidos hasta el 30 de junio (100% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las de más de 50).

Asimismo, para las empresas que actualmente están activas pero que, a causa de un posible rebrote del coronavirus, se puedan ver obligadas a cerrar, se les permitirá acogerse a un ERTE de fuerza mayor total que contaría con una exoneración de cuotas del 80% para las empresas que tengan una plantilla inferior a 50 empleados y del 60% si tiene más de 50 trabajadores.

En relación a los ERTE de fuerza mayor parcial y los ERTE por causas objetivas (técnicas, organizativas, económicas y de producción), las exoneraciones a las empresas quedan de la siguiente manera: para las empresas con menos de 50 empleados alcanzarían el 60% por los trabajadores que volviesen a la actividad y el 35% por los que siguiesen en ERTE, mientras que, para las de más de 50 empleados, serían del 40% por cada trabajador que se reincorporara a su puesto y del 25% por el que continuara en ERTE.

De esta forma, explican, los ERTE de causas objetivas pasarían a tener exenciones de cuotas, antes sólo aplicables a los ERTE de fuerza mayor. Con ello, las empresas y entidades afectadas por ERTE de fuerza mayor tendrán que ir reincorporando a los empleados, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

En el real decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, también se hace alusión a las prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTE (concedidas sin necesidad de cumplir el periodo de carencia y que implican ‘contador a cero’). Estas se mantendrán, dicen, hasta el 30 de septiembre, a excepción de las de los fijos discontinuos, que se prolongarán hasta el 31 de diciembre.

En ERTE, no hay nuevos contratos

Por otra parte, la norma publicada en el BOE hace un par de días establece la prohibición a las empresas en ERTE de la realización de horas extraordinarias, el establecimiento o la reanudación de externalizaciones de la actividad, así como de la concertación de nuevos contratos. De modo que sólo podrán contratar o externalizar tareas, en caso de que los empleados de su centro de trabajo no puedan -por formación, capacitación y otras razones objetivas o justificadas- llevar a cabo las funciones encomendadas al trabajador que se contrata o a la externalización.

Asimismo, el real decreto que se da hasta septiembre de 2020 amplía a los ERTE por causas objetivas el veto de acogerse a este procedimiento en caso de que la empresa tenga domicilio en un paraíso fiscal. A su vez, tampoco podrá repartir dividendos, excepto si abona previamente el importe de las exoneraciones disfrutadas. No obstante, esta restricción no se aplicará a las empresas que, a día 29 de febrero de este año, tuvieran menos de 50 trabajadores en plantilla.

Esta nueva regulación también recoge la ampliación del compromiso de mantenimiento del empleo de seis meses a empresas que se acojan a ERTE por causas objetivas. Así, dicen, para las empresas que se beneficien por primera vez de las exoneraciones de cotizaciones vinculadas a estos ERTE, el plazo de seis meses en el que estarán obligadas a mantener el empleo se computaría a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto.

Asimismo, la norma hace hincapié en que hasta el 30 de septiembre se mantendrá la ‘prohibición’ al despido por causas objetivas, así como de la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad.

Prestación de autónomos

Pero no sólo. Además de los ERTE, el Gobierno también ha prolongado la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos que se habilitó a mediados de febrero para aquellos que tuvieran pérdidas de ingresos considerables.

De esta manera, el real decreto-ley establece una prórroga de la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria hasta el 30 de junio. Por lo que, según explican desde Europa Press, estos trabajadores no tendrán que pagar la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre.

Asimismo, para aquellos cuya actividad continúe muy afectada por la pandemia, podrán acceder a la prestación ordinaria por cese de actividad, siempre y cuando su facturación en el tercer trimestre sea un 75% más baja que la del mismo periodo del año anterior, así como si sus rendimientos netos en el periodo no superan una cuantía equivalente a 1,75 veces el SMI del trimestre.

La nueva norma señala que esta prestación ordinaria compatible con la actividad se podrá solicitar en cualquier momento y más tarde se verificará el cumplimiento de los requisitos. A su vez, los autónomos pueden renunciar a la prestación durante esos tres meses en caso de que vean recuperada su actividad.

También se establecen ayudas concretas al colectivo de los autónomos de temporada. En su caso, explican, podrán acceder a la prestación extraordinaria (del 70% de la base reguladora más la exoneración de las cotizaciones sociales) con efectos desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre.