La automoción, ¿el «gran problema» para controlar las emisiones?

La Comisión Europea presentó el pasado 14 de julio un paquete con 13 iniciativas legislativas con el propósito de impulsar las políticas de clima, energía, uso de la tierra, transporte e impuestos orientadas hacia una reducción en 2030 de las emisiones netas de gases de efecto invernadero de al menos un 50% respecto a los niveles de 1990.

Y es que, según un artículo de la Comisión Técnica de ASEPA de Motores, Combustibles y Lubricantes, la Comisión piensa que esta reducción de emisiones es “crucial” para poder cumplir con el ‘Pacto Verde Europeo’, y “convertir a Europa en 2050 en el primer continente del mundo climáticamente neutro”.

No obstante, se prevé que el proceso legislativo de la UE sea complejo debido a las diferencias entre países, por lo que, estiman que dure como mínimo dos años, con lo cual las primeras medidas podrían entrar en vigor a partir de 2023.

La CE está enfocando sus esfuerzos en los turismos y vehículos comerciales ligeros ya que, según recoge el artículo de ASEPA, estos representan el “gran problema” de Europa para controlar las emisiones. De momento no contempla los vehículos pesados porque están cubiertos por una legislación más reciente que previsiblemente se revisará el próximo año, cuando se tengan más datos sobre esta flota y su huella ecológica.

Centrándose entonces en los turismos y en los comerciales ligeros, estos son los dos temas que levantan más ampollas en el sector.

  1. Revisión de las emisiones de CO2 de la flota de turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos

Según los planes de la Comisión Europea, para 2025, se mantiene una reducción del 15% respecto a los valores de 2021, tanto en turismos como en comerciales ligeros.

Asimismo, para 2030 se incrementa la reducción respecto a los valores de 2021 del 37,5% actual a un 55% en turismos y del 31% actual a un 50% en comerciales ligeros.

Y, para 2035, se contempla una reducción del 100% respecto a los valores de 2021, tanto en turismos como en comerciales ligeros. Esta última propuesta podría suponer de facto la prohibición de la venta de los automóviles con motores de combustión interna en 2035

Ante estas iniciativas legislativas, aunque la asociación de fabricantes europeos de automóviles ACEA ha manifestado que todos sus miembros apoyan el objetivo de neutralidad climática para 2050 y están invirtiendo miles de millones de euros en tecnologías innovadoras y sostenibles, consideran que prohibir una sola tecnología “no es una forma racional” de avanzar en esta etapa. Por eso, ACEA apuesta por que entren en juego en el camino hacia la neutralidad climática «los motores de combustión interna altamente eficientes, la hibridación de la propulsión, los vehículos eléctricos de batería y los vehículos de hidrógeno».

De hecho, aseguran, “no es el motor de combustión interna el causante de las emisiones netas de CO2, sino el combustible fósil que quema”. Para ellos, la sustitución progresiva de hidrocarburos neutros en carbono supone una “gran baza” para reducir significativamente estas emisiones del transporte por carretera.

Respecto a la propuesta de reducción del CO2 del 55% para 2030, ACEA destaca que supone un aumento masivo de la demanda de vehículos eléctricos en un periodo de tiempo “muy corto”, y para ello es fundamental no sólo un desarrollo disruptivo de la tecnología actual de baterías, sino un despliegue obligatorio de la infraestructura de carga y repostaje requerida para atender a todos los vehículos y en todas sus situaciones.

Por su parte, la asociación europea de proveedores de automoción CLEPA señala que el motor de combustión interna es climáticamente neutro si funciona con combustibles renovables, y el vehículo eléctrico de batería es climáticamente neutro cuando se carga con electricidad renovable. Por tanto, para CLEPA, “la prioridad deben ser los combustibles y la electricidad renovables, no prohibir una tecnología”.

  1. Extensión del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a los combustibles para el transporte por carretera.

Ante esta medida, Francia ha sido la primera en manifestar su descontento. Y es que, dado el impacto de la protesta de los chalecos amarillos en el país el pasado 2018 a raíz del encarecimiento del gasóleo, es lógico que sea el país donde la sensibilidad sobre esta iniciativa esté más a flor de piel, existiendo la crítica, según recoge el artículo de ASEPA, de que puede impactar en el bolsillo de los ciudadanos europeos con menor poder adquisitivo.

Si bien es cierto que, para compensar el encarecimiento del combustible, la Comisión Europea planea crear un Fondo Social para el Clima, que moviliza 72.200 millones de euros para el periodo 2025-2032.

El debate en los Estados y el Parlamento Europeo está abierto. Habrá que esperar a ver cómo acaba todo. Aunque no parece que vaya a ser fácil…

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