El Gobierno de Baleares y el central siguen en negociaciones sobre la constitucionalidad de la prohibición a la circulación de los vehículos nuevos diésel en 2025, tal y como informan desde latribunadeautomocion.es.
El Ejecutivo balear se plantea incluso recurrir la Ley de Cambio Climático autonómica ante el Tribunal Constitucional por, dicen, invadir sus competencias al legislar que en 2025 los coches diésel nuevos no podrán circular por las Islas y en 2035 cualquiera que contamine de manera directa, aunque, aseguran, intentarán evitarlo convenciendo del encaje legal de su propuesta con la regulación estatal de las zonas de bajas emisiones de los municipios de más de 50.000 habitantes.
En esta línea, según la misma fuente, Baleares estaría trabajando conjuntamente los técnicos autonómicos y los del Gobierno central en pro de un pacto que podría incluir un mero cambio de redactado o incluso modificar la fecha de entrada en vigor de las prohibiciones.
El Ejecutivo balear de momento ha destacado la conveniencia de su normativa en base a que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética enviada a Bruselas, en febrero de este año, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán disponer de una zona de bajas emisiones (ZBE), a partir de 2023, lo que daría fundamento jurídico a las Islas Baleares para disponer de un área con restricciones a la circulación de los vehículos contaminantes en 2025, aunque se trate de una administración extramunicipal.
Aunque la Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos de Baleares publicó una nota de prensa en la que anunciaba el acuerdo con el Ministerio para la Transición Energética para mantener la limitación al diésel a partir de 2025, todavía estaría pendiente el posicionamiento del Ministerio de Industria sobre la manera de encajar legalmente la regulación insular.