La póliza colectiva de defensa jurídica hace frente a los problemas legales del taller

En 2017 Atreve contrató una póliza colectiva de defensa jurídica por la que sus socios cuentan con una protección polivalente que los cubre a la hora de enfrentarse a diversos problemas legales.

En 2017, Atreve (Asociación de Empresarios del Taller de Reparación de Vehículos de A Coruña) contrató una póliza colectiva de defensa jurídica, con la que sus socios cuentan con una protección polivalente, que los cubre a la hora de hacer frente a diferentes problemas legales y qué sirven para cubrir gastos de abogado, tasas, costas judiciales e incluso finanzas.

Gracias a esta póliza, a lo largo del pasado 2018, se gestionaron 42 casos, tanto reclamaciones amistosas, por la vía judicial como consultas telefónicas. En todo caso, los servicios más frecuentes son la reclamación de facturas, las reclamaciones contra proveedores del taller y la defensa frente a reclamaciones de consumo o de la administración.

De este modo, en referencia a la reclamación de facturas, la póliza garantiza la reclamación vía judicial de hasta seis facturas al año, con un gasto máximo de 6.000 euros. Asimismo, este límite de gastos funciona en cada una del resto de las garantías que ofrece la póliza, entre ellas las reclamaciones a otros seguros contratados por el taller.

Con respecto a daños producidos por terceros al local, defensa en conflictos con los vecinos del negocio, con los empleados o con los clientes, por ejemplo, se pueden abordar de forma profesional a través del despacho de abogados utilizando el seguro de defensa jurídica.

A su vez, la póliza incluye la asistencia jurídica telefónica, un servicio que se presta a través de la compañía ARAG, y que permite resolver cuestiones del día a día del taller, tanto en la relación con los clientes como con los proveedores o con la administración. “Es importante estar asesorado para actuar correctamente y prevenir posibles multas o reclamaciones”, señalan desde Atreve. También se incluye en la póliza el servicio de ARAG para revisar y redactar documentos y contratos.

Los socios de Atreve recurren a la póliza

Y para muestra un botón. La asociación relata varios casos en los que se ha recurrido a la póliza colectiva de defensa jurídica. Por ejemplo, el caso del taller Ares Auto, ubicado en el municipio coruñés de Carral. Desde el centro explican que entró en el taller un vehículo con un problema en los inyectores. El cliente aceptó el presupuesto, aunque comentó que el coche procedía de un negocio de compra/venta y que le reclamaría el arreglo. Sin embargo, el taller recuerda que el dueño del vehículo destacó que se haría cargo de la factura que, al final, ascendió a 1.520 euros. Lo que ocurrió es que el cliente se llevó el coche sin pagar… Entonces, Ares Auto intentó cobrar la factura por las buenas, ofreciendo facilidades de pago, pero finalmente la reclamación se presentó por la vía judicial, recurriendo a la póliza de defensa jurídica.

Asimismo, el centro de reparación de Carral narra otro problema que acabó en una reclamación judicial. En este caso, el conflicto se planteó con un proveedor. Gaserco compró un motor en un desguace en Valencia, donde exigieron el pago por anticipado. No obstante, cuando llegó, resultó no ser el modelo que habían pedido, por lo que hubo que enviarlo de vuelta. De modo que al taller le supuso un perjuicio grave ya que no pudo cumplir con la fecha de reparación que había comprometido con su cliente. Ante esta situación, Ares Auto avisó al desguace para que no enviaran el motor ‘correcto’, debido a que ya habían resuelto el problema, sin embargo, volvieron a recibirlo. Aseguran desde el centro que estuvieron meses reclamando la devolución de la factura que habían pagado -que ascendía a más de 6.000 euros- y, viendo que sólo recibían largas, decidieron tomar la vía judicial.

Por su parte, Talleres Bemauto, situado en Carballo, tuvo un problema con un proveedor. Según explican, en un momento de mucho volumen de trabajo, y ante la baja de un mecánico, se contrató a una empresa de Madrid para reparar el motor de un Porsche y poder cumplir en tiempo y forma con el cliente. Se envió el motor y vino de vuelta mal reparado, y por más que lo intentaron por las buenas, el proveedor no atendió los requerimientos que se le hicieron. Entonces, el centro decidió recurrir al juzgado para reclamar la devolución de la factura, de más de 3.000 euros.