Aneac, patronal de empresas de auxilio en carretera en España, ha anunciado, como ya informamos (puedes acceder a la noticia pinchando aquí), que convoca un paro para la prestación de servicios de asistencia durante las operaciones de salida y entrada vacacional, durante los días 29, 30, 31 de julio y el día 1 de agosto. El paro irá acompañado de una marcha lenta de grúas el día 29 de julio, que recorrerá las principales arterias de acceso a la capital y que finalizará dentro de la propia ciudad.
Ante todo, Aneac ha querido disculparse de los posibles inconvenientes provocados por su acción de demanda a los usuarios de las vías. Pero su situación “extrema e insostenible”, tal y como ellos la definen, y agravada por el encarecimiento del gasoil, les obliga a tomar “medidas que resuelvan definitivamente un sector en vías de extinción”. Y todo ello a pesar de ser “la mejor asistencia en carretera de Europa”, según reconoce el propio director general de la DGT, Pere Navarro.
La hora a 3,5 euros
Aneac ha hablado de números. Según indica, el coste de los servicios de grúa no cubre ni una tercera parte de lo que supondría prestar el servicio, de acuerdo con el reciente Observatorio de Costes de Transportes (MITMA). “Una disponibilidad de 24 horas durante los 365 días del año desenmascara aún más unos números inasumibles y descaradamente insuficientes, como son los 3,5 euros resultantes por hora de trabajo”, denuncian.
Asimismo, han explicado que “esta precariedad económica” se suma a las “exigencias, del todo inasumibles, de determinados clientes de las empresas de grúas, (aseguradoras, compañías de asistencia y clubes automovilísticos), como por ejemplo los tiempos de llegada al vehículo averiado o accidentado, ignorando las innumerables variables que condicionan la agilidad de respuesta, pero que en cualquier caso penalizan a las empresas de grúas”.
¿Qué piden?
Urgente reunión en una mesa de trabajo definitiva con: Dirección General de Tráfico, como institución reguladora del sector; Unespa, como institución patronal de las compañías aseguradoras; Ministerio de Economía, para la regulación de unas prestaciones económicas obsoletas y muy alejadas de las existentes en la Unión Europea.
