Talleres-compañías: las patronales denuncian a España ante Europa

Cetraa, Conepa, Ganvam y Fagenauto (estas dos últimas más vinculadas al canal oficial: Ganvam a las concesiones y Fagenauto, como la asociación de los servicios oficiales) han remitido al Parlamento Europeo una denuncia contra el estado español por permitir que se vulneren en nuestro país numerosas directivas y varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE. Sorprendía la ausencia de Faconauto, la patronal de los concesionarios, que según ha podido saber La Comunidad del Taller ha declinado la invitación por parte del resto de asociaciones para unirse a la causa. 

Según han explicado en una rueda de prensa conjunta, este incumplimiento del Estado “sustenta las malas prácticas de las aseguradoras, causando graves perjuicios económicos a los talleres”. Con este paso pretenden “una solución desde Europa a las desequilibradas relaciones con las aseguradoras, basada en el respeto al marco jurídico comunitario”.

Una iniciativa que nunca antes se había planteado, poniendo en el foco al estado y no a las compañías y elevando el debate a Europa, toda vez que en España ninguna Administración u organismo (como la CNMC, por ejemplo, a la que se han remitido en varias ocasiones las diferentes patronales) haya hecho lo más mínimo por atajar el problema.

Se trata de una acción en la que las patronales implicadas llevan cerca de dos años trabajando y de la que, tal y como destacaba el propio Luis Ursua, miembro de Cetraa, esperan el mayor de los frutos. Estiman que en el plazo de un año el Parlamento Europeo se haya pronunciado al respecto de una petición que podría suponer un antes y un después den la relación entre los talleres y las compañías aseguradoras.

Los motivos

Una demanda perfectamente argumentada, que va más allá de los problemas a los que se enfrentan los talleres en su relación diaria con las compañías, vinculando punto por punto las causas concretas con el artículo vulnerado.

• Precios/hora

“Las aseguradoras fijan los precios hora sin respetar el establecido por el taller y el importe a abonar por el siniestro, sin que a los talleres se les reconozcan todas las horas de trabajo que invierten en las reparaciones, lo que afecta, en definitiva, a las cantidades que pagan al taller, siendo inferiores por tanto al coste real de la reparación, a pesar de que los talleres están obligados a garantizar las reparaciones o instalaciones que llevan a cabo”, explican, afirmando además que “el taller se ve apremiado a aplicar descuentos comerciales sobre el total de la factura de reparación o sobre los materiales”.

Estas prácticas vulneran el artículo 101.1. a) del TFUE ,que prohíbe las prácticas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior, como fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción. “En este caso, las aseguradoras no tienen en cuenta los precios publicados por el taller e imponen los que ellas deciden”.

Por tanto, los talleres aplican diferentes precios en función de quien asuma el coste de la reparación, vulnerando el artículo 101.1 e) que considera incompatibles con el mercado interior las prácticas consistentes en “aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que ocasionen a éstos una desventaja competitiva”.

En conclusión, las patronales consideran que las aseguradoras impiden la libre competencia entre talleres en detrimento de los consumidores.

• Baremos

Según las patronales, los baremos confeccionados por empresas vinculadas o participadas por las aseguradoras son empleados (limitando el uso de otras herramientas de valoración) para que los peritos tasen el tiempo y coste de los materiales de las reparaciones que deben asumir, actúan en detrimento del taller, ya que el baremo no tiene por qué ajustarse al tratamiento de la reparación de cada taller ni a su estructura empresarial. Asimismo, los baremos difieren entre sí para el mismo tipo de reparaciones.

Según el artículo 8 de Directiva 2005/29/CE se trata de una práctica desleal y agresiva.

• Convenios CIDE y ASCIDE

Como es sabido, la mayor parte de las compañías en España actúan entre sí bajo los convenios de compensación CIDE y ASCIDE. ¿Cómo funcionan? Es fundamental conocer que según estos convenios es la propia compañía del perjudicado la que se encarga de pagar las operaciones que sean necesarias. Es aquí donde entran en juego los denominados módulos de compensación. Pongamos un ejemplo para entenderlo fácilmente: imaginemos que vamos circulando con nuestro vehículo, asegurado en la compañía A; y otro vehículo colisiona con nosotros, asegurado en la compañía B. La aseguradora B, que es la del vehículo que nos ha impactado, ingresará un módulo que varía dependiendo del año, este año son 880 euros -la media del coste de las reparaciones en cada año-, a la aseguradora A, que es la nuestra y será esta -la del perjudicado- la que se encargará de mandar al perito y hacerse responsable de los daños materiales que se hayan causado.

Es fácil entender que, con este sistema, la compañía que se encarga de la reparación -la propia- tratará de reducir el coste de la reparación frente al precio del módulo, intentando incrementar su beneficio -si logra reparar por menor precio, gana dinero; si lo supera, intentará perder lo menos posible- y perjudicando la retribución del taller. El sistema, lesivo en los siniestros de seguro obligatorio para los que fue concebido, extiende sus efectos al seguro voluntario.

En definitiva, la compañía del asegurado que ha sufrido el daño y que va a realizar y asumir la reparación tienen interés en tasar dicho daño en el menor coste posible, es decir, hay un acuerdo tácito entre compañías porque todas participan del mismo interés.

Más allá de esto, los denunciantes señalan que en España, a tenor de la bajada de precios que no ha ocurrido en otros países, puede estarse produciendo una colusión tácita entre aseguradoras (¿se están poniendo de acuerdo para fijar precios o establecer políticas conjuntas? Si es así, la competencia se reduce, afectando a talleres y consumidores). Por tanto, el mercado español de reparaciones no funcionaría de forma correcta, afectando negativamente al equilibrio entre sus componentes. Por ello, las asociaciones, solicitan investigar si hay una colusión tácita entre las compañías, lo que supone una práctica anticompetitiva en el mercado de las aseguradoras.

La letra c) del artículo 101.1 prohíbe la colusión de precios.

• Dependencia de los peritos

Según detallan en la demanda, la dependencia económica de los peritos no permite garantizar que actúen con estricta objetividad a la hora de evaluar los daños y fijar el precio/hora de la reparación: “Esta cuestión reviste especial relevancia ya que los peritos evalúan y determinan las horas de trabajo, su importe y, en su caso, el tipo de recambio (extendiendo su efecto al precio del mismo), todo ello siguiendo el mandato y en beneficio de la aseguradora. Existe, pues, una dependencia vertical y, por ello, abuso de derecho, en perjuicio del consumidor y del taller”.

En suma, continúan, los peritos no están colegiados, ni su formación regulada, por lo que su actuación no está estandarizada ni reglada: “Faltan garantías para el adecuado desarrollo de la profesión al servicio de la sociedad”.

Esta práctica incumple el artículo 17.3 de la Directiva 2016/97, sobre distribución de seguros, que ordena que los Estados garanticen que los distribuidores de seguros no sean remunerados ni evalúen el rendimiento de sus empleados de un modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes. Deber que no garantiza España en el seguro de automóviles, desprotegiendo al consumidor y vulnerando la libre competencia entre talleres.

Por otra parte, se vulnera la Directiva 2018/958 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, porque la libertad profesional y la libertad de empresa se reconocen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). Derechos que se encuentran íntimamente relacionados con la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, principios fundamentales del mercado interior de los artículos 26, 49 a 55, y 56 a 62 del TFUE.

Por todo ello, desde su punto de vista, “es necesario resolver el problema fundamental de la dependencia vertical de los peritos, creando un órgano supervisor que designe a los peritos de forma independiente y ante el cual se reclamen las malas prácticas”.

• Imposición del recambio a utilizar

Algunas aseguradoras imponen a los talleres los proveedores de recambios o el tipo de recambio a instalar.

A juicio de las asociaciones esta práctica vulnera la Directiva 2006/123/CE: “Las aseguradoras no velan por la eficiencia y óptima calidad de la prestación de servicios que proporcionan los talleres de reparación, porque imponen determinadas exigencias como las mencionadas o la ya vista aplicación de descuentos comerciales”.

• Libre elección de taller

Igualmente hay compañías que comercializan pólizas que impiden a los clientes elegir libremente el taller para reparar su vehículo, viéndose obligados a repararlo en un número limitado de empresas sin que otros talleres puedan adherirse a este tipo de acuerdos, restringiendo la libre competencia y la libertad de elección del consumidor.

Está práctica vulnera la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, siendo especialmente abusiva en el caso de los accidentes imputables a terceros, ya que en ellos opera la culpabilidad y responsabilidad del conductor que ocasiona el siniestro. Al perjuicio para el consumidor se suma el de los talleres no designados en las pólizas porque reciben menos clientes, quedando en una situación de desventaja competitiva injustificada.

Por último, las asociaciones denuncian que algunas entidades, una vez ocurrido el siniestro, apremian al cliente para que lleve su vehículo a determinados talleres seleccionados, distorsionando el mercado al limitar y restringir la libre elección de taller por el consumidor, vulnerando el principio de igualdad y aprovechando el desconocimiento del asegurado. Está práctica, igual que la anterior, vulnera la Directiva 2005/29.

Una vez recogida la demanda, el Parlamento Europeo deberá presentar en el plazo máximo de diez días un escrito recogiendo las peticiones, solicitando además adhesiones a la queja (los talleres que deseen podrán hacerlo para dotar de mayor fuerza a la demanda). Una vez dado este paso se remitirá a Competencia, que esclarecerá si existen argumentos de vulneración. En caso afirmativo, se remitirá al estado español una recomendación para que adapte su normativa y de este modo impida que las compañías sigan vulnerando las directivas y los artículos mencionados. Si aun así se siguiera sin adecuar la ley, se establecerían sanciones… Habrá que ver en qué queda todo este proceso.

Seguiremos informando.