Los talleres ilegales son un problema en la competencia del sector de la reparación y para la seguridad de sus clientes, que acuden a ellos por ser más económicos, pero sin hacer balance de las posibles consecuencias de sus servicios. Ricardo Borrajo Castro, presidente de la patronal de talleres de Orense (Atave), ha hablado en una entrevista para La Región de las condiciones laborales de quienes trabajan en estos talleres y la gravedad del asunto: “Hay casos muy sangrantes”, manifestaba.
Explicaba que no es raro el caso en que el dueño de un taller ilegal aprovecha que está de baja laboral para abrir el negocio en su propia casa. Tampoco es raro que gente que cobra pensiones de minusvalía trabaje de forma clandestina en el taller de su casa.
Para paliar esta situación, Atave ya ha denunciado algunos talleres clandestinos de Orense, una acción que según afirma su presidente, ha dado algunos frutos: “Hay algunos talleres clandestinos que han decidido legalizarse tras ser denunciados”, además “nadie pide que no trabajen, solo exigimos que lo hagan conforme a la ley”, aclara el presidente de la patronal.
En los últimos cinco años se han inspeccionado un total de 313 talleres, de los cuales más de cien han resultado ser ilegales. Solo en 2019 la Policía Autonómica tramitó 55 sanciones, tal y como ha compilado La Región.
Un peligro que puede acabar saliendo caro
Los talleres ilegales trabajan de manera independiente a las obligaciones laborales y fiscales que impone la ley, no se dan de alta en industria, no gestionan los residuos que generan con su actividad, ni cuentan con mecánicos profesionales formados. Esto supone un peligro para los propios operadores, el medio ambiente y los clientes.
Además, el presidente aclaraba que acudir a un taller ilegal puede acabar saliendo caro: “Ante cualquier reclamación un taller autorizado siempre le dará unas garantías que uno ilegal nunca podrá”.
