Según explica la patronal de recambistas en un comunicado, “en la situación jurídica actual, tras días en una laguna jurídica, la interpretación jurídica establecida hace días por Ancera se ha confirmado en el BOE: los establecimientos podrán abrir, siempre y cuando, no sea al público en general, garantizando las reparaciones de urgencia en los talleres”.
En consecuencia, y debido a las limitaciones de movimiento declaradas por el estado de alarma, según Ancera, la actividad ha caído un 95%. Un descenso que se suma a la falta de suministro que están viviendo las empresas de distribución y que en muchos casos, aseguran, les impide la comercialización de piezas.
Es por ello que Ancera está solicitando a la Dirección General de Trabajo que se acepten los ERTEs por fuerza mayor, “en vista de las circunstancias devastadoras para nuestra economía y sector, para la supervivencia de nuestras empresas y, por lo tanto, para el empleo que generamos”.
Y es que, añaden, “ante esta situación de excepcionalidad, la presentación de los expedientes por causa de fuerza mayor por parte de las empresas del sector es la vía que menos nos perjudica y la que debe ser aceptada por parte de la administración”.
Según contempla Ancera, “el sector de la posventa debe estar amparado por la declaración del estado de alarma”, ya que “en estos casos está acreditada la imposibilidad de seguir prestando servicios -total o parcialmente- causada por las distintas medidas de contención incluidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tal y como indica la Dirección General de Trabajo”.
Además, “y atendiendo a la interpretación del Ministerio de Trabajo, también podríamos acceder a una fuerza mayor ante la falta de suministros que impide gravemente continuar con el desarrollo de la actividad consecuencia directa del Covid19”, continúan en el comunicado.
Más allá de los empresarios del sector, son también los propios trabajadores los que están solicitando que se lleven a cabo estos ERTEs por fuera mayor, ya que “es la mejor opción que éstos consideran para proteger la situación de los empleados y sus puestos de trabajo”. Una opinión compartida por las patronales CEOE, Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO.
Por último, “Ancera entiende que debe establecerse un silencio administrativo positivo con el fin flexibilizar la aceptación de los ERTEs por fuerza mayor, reducir la carga de la administración y no crear un mayor pánico e incertidumbre en las empresas y empleados”.
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