La relación entre el sector de auxilio en carretera y las aseguradoras lleva siendo complicada desde hace varios meses -puedes leer la noticia haciendo clic aquí-. Ya el año pasado los gruistas afirmaban que las compañías eran su “principal problema para subsistir” por “la imposición de condiciones económicas inviables”. Ya en ese entonces el 63% de las empresas del sector estaba en pérdidas por percibir unas tarifas que se situaban un 40% por debajo de los precios necesarios para no entrar en quiebra técnica, tal y como denunciaba la Alianza Nacional de Asistencia en Carretera. Todavía la situación no ha mejorado…
La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera sigue denunciando la falta de rentabilidad del sector porque las revisiones tarifarias que proponen las aseguradoras, plataformas de asistencia o autoclubes automovilísticos siguen siendo, señalan, “insuficientes”.
En 2022 y 2023, con la recuperación de la movilidad, el sector de auxilio en carretera ha aumentado sus servicios de grúas y operarios. Además, los costes interanuales del sector han subido cerca del 17% y ya lleva acumuladas grandes pérdidas de 2022, e incluso cerraron la pasada Semana Santa con pérdidas del 24% respecto al año anterior. A pesar de ello, la Alianza señala que aseguradoras, plataformas de asistencia o autoclubes automovilísticos solo proponen subidas al sector en torno al 4,5%.
Señalan a RACE y Línea Directa
No obstante, la situación todavía es peor en los casos de las propuestas al sector por parte de RACE y Línea Directa, cuya revisión tarifaria, señalan desde la Alianza, “tiende a cero o incluso implica una rebaja en el cómputo anual”.
Esto supone para los gruistas una inviabilidad económica enorme a la hora de prestar sus servicios, por lo que desde la Alianza han invitado a RACE y Línea Directa a recapacitar sobre su propuesta antes de que “ peligre su red de proveedores o la asistencia que reciben sus clientes y asegurados”.
En palabras de Xavier Martí, portavoz de la Alianza: “Las aseguradoras, plataformas y empresas de auxilio tenemos la obligación, como sector, de no perjudicar la seguridad vial en nuestro país haciéndola viable económicamente, de modo que las entidades que no estén dispuestas a incrementar con suficiencia sus precios, deberían repensar esta postura o terminarán siendo expulsadas por el propio mercado de la operativa habitual del sector en garantía de un servicio y seguridad vial de calidad”.